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Fin de 'Golden Visas' puede suspender inversiones de más de 600 millones de euros
La Asociación Portuguesa de Turismo Residencial y Resorts (APR) estima que el fin de los visados dorados, anunciado por el Gobierno, puede llevar a la suspensión inmediata de inversiones de más de 600 millones de euros y 1.000 puestos de trabajo.
En un comunicado, la entidad señaló que la extinción del ARI (Permiso de Residencia por Inversión, más conocido como golden visas) "para las unidades turísticas, en particular, es una medida equivocada y extemporánea que llega solo un año después de la última revisión y apenas tres o cuatro meses después de que fuera rechazada en el parlamento.".
Según la entidad, esta medida, incluida en el plan Más Vivienda del Gobierno, puede suponer la "suspensión inmediata de inversiones de más de 600 millones de euros y, en consecuencia, la creación de más de 1.000 puestos de trabajo, que algunos de los asociados de APR tenían prevista para los próximos dos años".
Al mismo tiempo, según APR, la medida puede generar la "pérdida de la contribución de cada nuevo inversor extranjero en la economía portuguesa, que después de cinco años, es aproximadamente seis veces el valor de su inversión inicial".
Recaudó 534 millones de euros de inversión en 2022
Según los datos difundidos por la asociación, el año pasado, cuando "ya era imposible invertir en ARI para viviendas en núcleos urbanos, se recaudaron 534 millones de euros de inversión, es decir, un potencial de más de tres mil millones de euros en cinco años". Dijo, asegurando que "esto equivale al 1,3% del PIB nacional [Producto Interno Bruto]" y al 18% del Plan de Recuperación y Resiliencia (PRR).
La APR entiende que "la extinción completa del ARI sería una medida con graves impactos económicos y de credibilidad" del país, "desligada de la realidad del país y sus regiones, y extemporánea", y agrega que "peor sería terminar repentina y totalmente con el ARI".
Hay peligro de inconstitucionalidad, advierte APR
La APR analizó el borrador del proyecto de ley y, si bien reconoció que puede estar sujeto a cambios, advirtió que la intención del Gobierno de aplicar estas medidas retroactivamente puede hacer "inválidas las solicitudes de concesiones presentadas después del 16 de febrero de 2023". "En opinión de la APR, tal reclamo resulta ser excesivamente oneroso y ciertamente inconstitucional", dijo la organización.
La semana pasada, Pedro Fontainhas, director ejecutivo de APR, dijo a Lusa que la entidad no está de acuerdo con el anunciado fin de las visas de oro y pidió al Gobierno una "reflexión" para llevar a cabo estudios, sugiriendo varias otras medidas alternativas.